EL GASOLINAZO EDUCATIVO

El gasolinazo educativo
Axel Didriksson
02-Oct-2007
La Subsecretaría de Educación Superior de la SEP anunció que creará un sistema de créditos blandos para ampliar la cobertura en ese nivel educativo, desde una muy peculiar manera de revivir una fórmula vieja que ha fracasado ya en muchos países. Alguien le está soplando mal al subsecretario.
La vieja formulita de los créditos pretende que, por magia, la oferta de técnicos y profesionales pueda irse adecuando a las necesidades del mercado; que el derecho a la educación se entienda como un privilegio; que ocurra una inserción directa y con un alto nivel salarial del egresado en el mercado laboral, para que con ello éste pueda pagar inmediatamente el crédito obtenido; que la educación sea un costo individual y que, de conjunto, se tengan posibilidades de reducir los actuales desequilibrios de las finanzas públicas.

Todos estos argumentos buscan, en la realidad, ir en contra de la gratuidad de la educación, generar un subsidio indirecto a las escuelas privadas y vulnerar un derecho humano fundamental, desde perspectivas económicas totalmente equivocadas. La educación no es un costo que deba ser asumido por el estudiante. Se trata de una inversión social que tiene un alto impacto en la sociedad y no sólo en el mercado de trabajo ni en la economía. El presupuesto educativo público no es regresivo ni puede ser sustituido, porque con ello se discrimina a los estudiantes más pobres, se alienta la privatización y la mercantilización educativas y se profundizan las inequidades y las desigualdades, ya de por sí abismales. Cuando el estudiante se incorpora al mercado laboral, el gobierno debe gravar la renta que genera mediante los impuestos. Éstos deben ir al presupuesto de las universidades públicas. Pretender gravar doblemente es del todo injusto.

Además ya está probada la ineficiencia de la fórmula de los créditos. Por ejemplo, Jamil Salmi, economista principal de la división de recursos humanos del mismísimo Banco Mundial, en un estudio realizado en 1997, decía: “Para dar apoyo financiero a los estudiantes, muchos países han establecido programas de créditos que deben ser pagados después de la graduación. Desafortunadamente, hasta hoy, las experiencias con sistemas de créditos, de cincuenta países tanto industrializados como en vías de desarrollo, siendo latinoamericanos la mitad de esos países, no han resultado muy satisfactorias. La falta de viabilidad de estos sistemas de créditos se debe fundamentalmente a tres factores: tasas de interés muy subvencionadas, tasas altas de incumplimiento del pago y gastos administrativos muy altos. Aun los programas que han funcionado relativamente bien son modestos desde el punto de vista de sus tamaños, pues no cubren más de diez por ciento de la población estudiantil. No es seguro que se pueda mantener una administración eficaz, aun cuando se amplían estos programas de manera significativa” (Ediciones CRESALC-UNESCO, Caracas, 1997, p. 806).

La orientación del financiamiento a la educación expresa de forma nítida los intereses de los gobiernos cuando promueven mecanismos y enfoques que atentan contra un derecho social en el sentido más amplio. Por ello, el tema de los créditos al estudiante no es ni técnico ni económico, porque tiene implicaciones políticas y sociales, aunque, para variar, se presente como una ocurrencia. Promover este mecanismo obsoleto se asemeja al del gasolinazo: una política fiscal que puede prender más fuego y lo está atizando.